Las agencias de comunicaciones, que cuentan con ex periodistas de medios de comunicación y estrategas capaces de acompañar a una empresa o ejecutivo en su proceso de crisis han aprendido a valorizar su labor frente a los bufetes de abogados.

Hace algunos años atrás si un cliente debía enfrentar a la justicia sólo llamaba a su abogado de cabecera para que le consiguiera al mejor especialista legal para defenderse de acusaciones en su contra.

Hoy sabe que no basta con eso, además debe preocuparse de la imagen: de qué dirá la prensa sobre él, qué imagen quedará en el mercado en el que se desenvuelve y finalmente cómo defenderse de las acusaciones que se le imputan sean estas falsas o verdaderas para que esto no termine en un daño económico de proporciones impensadas.

Es en este camino que los especialistas legales además han aprendido a integrar en sus mesas de revisión de estrategias semanales a los socios de empresas de crisis o lobistas, ya que han tomado conciencia de que sin esa parte del análisis no podrán ganar sus casos.

Muchos abogados incluso han integrado las descalificaciones públicas como una forma de litigar. Y la evidencia muestra que empresas se han destruido, vendido y llegado a valer cero después que estalla una crisis. Lo mismo con los ejecutivos, si su reputación cae jamás podrán acceder a nuevos puestos de trabajo ni siquiera a cerrar negocios personales. Y nadie responde por ello.

Este tipo de especialistas del que hablamos son personas capaces de entender a los medios, de adelantarse a las intenciones detrás de las llamadas de periodistas, de investigar, preguntar y en base a datos certeros reconstruir los hechos y explicarlos en forma simple para que todos puedan entenderlos.

Esta especialidad dentro de las comunicaciones, se desarrolla de la mano de la creación del término Reputación Corporativa, del que tanto se habla hoy en seminarios y artículos. Este concepto –ya manoseado- ha sido superado por “fake news” y posverdad, ya que en torno a los conflictos se crean muchas noticias falsas para afectar la imagen de una persona o formar en la opinión pública una distorsionada apreciación de la realidad.

Esta no es una práctica nueva en el campo de las comunicaciones y pero ahora hay conciencia de que pueden traer consecuencias gravísimas en el campo judicial, lo que puede ser agravado todo por las redes sociales. Un destacado jurista chileno señalaba en un reciente artículo: “Es a la sanción social a la que se apela que muchas veces puede ser más dura que la de los propios tribunales”.